Habilitada su redacción como parte de la ley Bases, y reglamentada en el último trimestre del año pasado por el gobierno, se espera que este año influya vigorosamente en el mercado laboral.

El conjunto de cambios favorecen en general un aumento de la flexibilización y la precarización del trabajo, y entre las medidas más controvertidas se encuentran la transformación del sistema de indemnizaciones, un blanqueo laboral con amplias concesiones a los empleadores y la figura del «trabajador independiente colaborador», que elimina derechos laborales básicos.  

Indemnizaciones desarticuladas

   La reglamentación introduce el «Sistema de Cese Laboral», distinto del sistema tradicional de indemnizaciones basado en la antigüedad. Sindicatos y empleadores podrán negociar en convenios colectivos su implementación, dejando a los trabajadores la opción de «elegir» entre este sistema o el indemnizatorio vigente.  

   El nuevo esquema ofrece tres modalidades:  

1. Acuerdo de cancelación individual: el trabajador y el empleador «pactan» directamente las condiciones de la desvinculación; 

2. Fondo de cese «solidario»: financiado por aportes patronales y opcionales del trabajador, pero sin un monto mínimo garantizado; 

3. Cuenta bancaria de cese: alimentada por aportes obligatorios de ambas partes, administradas por bancos o aseguradoras.  

   Sin regulación estatal sobre los porcentajes de aportes, el sistema abre la puerta a la especulación financiera: bancos y aseguradoras ya mostraron gran interés en gestionar los fondos, mientras gremios como la UOCRA y Comercio respaldan la medida, replicando un modelo usado en la construcción.  

Blanqueo laboral y beneficios a las empresas

   La reforma incluye un blanqueo laboral que perdona deudas previsionales y sanciones penales a los empleadores que regularicen trabajadores en negro. Los beneficios varían según el tamaño de la empresa, con descuentos de hasta el 90% en deudas previsionales para microempresas. 

   Por otro lado, los trabajadores blanqueados solo verán reconocidos hasta cinco años de aportes para sus jubilaciones, ignorando los períodos previos de informalidad. 

El «trabajador independiente colaborador»

   La figura del «trabajador independiente» permite que un monotributista contrate hasta tres «colaboradores» sin establecer relación de dependencia ni derechos laborales. El contratante puede rescindir el vínculo sin preaviso ni indemnización, institucionalizando la precarización laboral.  

   Además, se amplía el período de prueba:  

• Grandes empresas: hasta seis meses.  

• Empresas medianas: ocho meses.  

• Pequeñas empresas: un año.  

Facilitar despidos y reducir costos  

   La normativa busca abaratar el despido y fomentar la rotación de trabajadores, adaptando las plantillas a las fluctuaciones empresariales en contextos de crisis económica. Aunque la reforma afecta principalmente a nuevos contratos, las empresas están reduciendo sus plantas permanentes para acogerse al nuevo marco legal.  

El rol de la CGT 

   La CGT jugó un papel clave en facilitar esta reforma, garantizando la aprobación de medidas que afectan derechos laborales históricos. A cambio de esa colaboración, el gobierno retiró el proyecto de «democratización sindical», que planteaba limitar las reelecciones perpetuas y regular las cuotas solidarias que benefician a la dirigencia sindical.  

Una estrategia de ajuste perpetuo

   La reglamentación de la reforma laboral representa un triunfo para las empresas y un retroceso para los derechos de los trabajadores. Mientras el gobierno defiende la medida como necesaria «para enfrentar la crisis», abogados laboralistas y organizaciones sindicales independientes advierten sobre el debilitamiento estructural del sistema laboral argentino. En este contexto, la CGT ha colaborado para reforzar un modelo que prioriza los intereses empresariales sobre los derechos de los trabajadores.