Además de la devaluación, la reforma laboral, jubilatoria, tributaria y recortes al gasto social son parte de las exigencias del Fondo para  el nuevo préstamo.

El nuevo programa de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, por u$s 20.000 millones, no es simplemente un acuerdo entre partes. Es un conjunto de condiciones estrictas impuestas por el organismo multilateral que deberá cumplir el gobierno argentino si quiere seguir accediendo al financiamiento.

   El staff report publicado por el FMI deja en claro que no se trata de un acompañamiento «técnico» o de metas acordadas, sino de un plan de reformas estructurales obligatorias, centrado en el ajuste fiscal, la desregulación y una reconfiguración del Estado que afecta de manera directa a los trabajadores y jubilados.

Superávit impuesto y congelamiento del gasto

   El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que buscará un superávit del 1,6% del PBI, aunque el FMI establece en su documento oficial un objetivo del 1,3% para 2025, con la exigencia de sostenerlo con más recaudación o más recortes, o ambos.

   El Fondo demanda una consolidación fiscal sostenida, incluso a costa de reducir aún más el gasto público. Aunque menciona la necesidad de «mantener un adecuado gasto social e infraestructura», el ajuste apunta a reducir subsidios, «mejorar la eficiencia» del sector público y priorizar solo gastos selectivos, como el ajuste por inflación de las jubilaciones (que parten de niveles extremadamente bajos) o inversiones mínimas.

Reforma previsional y aumento de la edad jubilatoria

   Uno de los puntos más críticos del documento es la exigencia de una reforma del sistema previsional, que el gobierno deberá enviar al Congreso. El FMI impone el debate sobre el aumento de la edad jubilatoria y reclama una reestructuración de la administración de los fondos previsionales, en línea con una lógica de «sostenibilidad» basada en el recorte.

   Además, demanda la eliminación de todos los fondos fiduciarios, salvo el destinado al gas residencial, y la racionalización de entidades extrapresupuestarias que califica como «ineficientes».

Reforma laboral: flexibilidad y debilitamiento de derechos

   El FMI también impone una reforma del mercado laboral, orientada a «flexibilizar» las condiciones de trabajo. Esto incluye la neutralización del régimen de indemnizaciones y la descentralización de la negociación salarial a niveles sectoriales, con el fin de disminuir la capacidad de los sindicatos de negociar en bloque.

   Además, sugiere una reforma más amplia de los mercados laborales, acompañada por cambios en el sistema tributario y políticas que faciliten la movilidad de trabajadores hacia sectores «más competitivos».

Reforma tributaria y privatizaciones

   En materia tributaria, el FMI exige una reforma que sea «neutral en ingresos», pero que aumente la eficiencia y equidad. Esto puede implicar una reconfiguración impositiva regresiva, que mantenga o incluso reduzca la presión fiscal sobre grandes empresas y altos ingresos.

   En paralelo, el gobierno deberá presentar un plan para privatizar empresas estatales, racionalizar estructuras del Estado y avanzar con directrices para concesiones y ventas, como parte del paquete previsto en la ley Bases.

Presión sobre provincias y reducción del gasto social

   Otra de las condiciones impuestas es la revisión del sistema de coparticipación entre Nación y provincias, así como la implementación de un registro social único que permita «mejorar la focalización» del gasto social. Este enfoque apunta a restringir aún más la asistencia, bajo la lógica de reducir «ineficiencias».

   Además, el FMI exige que el gobierno envíe al Congreso un presupuesto para 2026 que cumpla con la «regla de déficit cero», e incluye el pedido de publicar un informe de riesgos fiscales, escenarios adversos y una hoja de ruta contra el lavado de dinero.

Plazos estrictos y reformas con fecha límite

   La mayoría de estas reformas deben implementarse antes de fin de 2025, mientras que la reforma previsional y de la ley de Responsabilidad Fiscal deben estar listas antes de diciembre de 2026. El margen para debatir o modificar estas medidas es mínimo: el staff report establece un cronograma rígido que condiciona cada desembolso del Fondo.

Un programa de imposiciones

   Más que un acuerdo voluntario, el programa con el FMI representa una agenda impuesta de reformas regresivas, que amenaza con profundizar el deterioro de los servicios públicos, los derechos laborales y las condiciones de vida de millones de personas.

   Detrás del nuevo endeudamiento no hay un rescate financiero, sino una hoja de ruta de ajuste dictada desde Washington, que condiciona el presente y el futuro de la economía argentina a cambio de recursos que, en su mayoría, se utilizarán para pagar deuda anterior.