Organizaciones denuncian que las muertes no son hechos aislados, sino consecuencia del abandono estatal y del vaciamiento de políticas públicas de asistencia.

Organizaciones sociales advierten que estas muertes no son hechos aislados, sino el resultado directo del abandono estatal y del desmantelamiento de políticas públicas de asistencia.

  Según un relevamiento conjunto del CELS, la Asamblea Popular por los Derechos de las Personas en Situación de Calle y el grupo Sociabilidad en los Márgenes de la Facultad de Psicología de la UBA, al menos 63 personas en situación de calle fallecieron en distintas partes del país durante 2025. De ellas, 13 murieron en la Ciudad de Buenos Aires. El informe denuncia el deterioro de las políticas públicas y visibiliza una realidad atravesada por el abandono, la violencia institucional y la desarticulación de dispositivos de asistencia.

  Luna Miguens, directora del área de Tierra, Vivienda y Justicia Económica del CELS, señaló que estos fallecimientos reflejan el colapso del sistema habitacional y la ausencia de respuestas estructurales por parte del Estado. En diálogo con Noticias Argentinas, advirtió que en los últimos dos años se ha observado un abordaje oficial «punitivo, estigmatizante y discriminatorio», alimentado por discursos que vinculan la pobreza con el desorden. En particular, criticó las publicaciones del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, que muestran operativos de desalojo bajo el lema de «orden y limpieza».

La violencia estatal hacia las personas sin techo ha aumentado de manera alarmante. Según datos del Ministerio Público de la Defensa porteño, entre 2024 y 2025 las denuncias por maltrato institucional crecieron un 128%. Esta tendencia fue corroborada por el CELS en entrevistas realizadas con personas censadas en CABA, que actualmente ascienden a 11.892. «Los echan, les roban sus cosas, los persiguen y hostigan», afirmó Miguens, y advirtió sobre una narrativa oficial que invisibiliza el sufrimiento y promueve la expulsión sistemática del espacio público.

  Pese al aumento presupuestario destinado a paradores, las organizaciones sostienen que el enfoque estatal sigue siendo limitado y, en muchos casos, violento. Los dispositivos que ofrecen camas, duchas y comida no cubren la demanda ni garantizan condiciones dignas. «Se trata de un abordaje superficial», sostuvo Miguens, al señalar situaciones de maltrato, hacinamiento y expulsión frecuente de personas de esos espacios. Como consecuencia, muchas prefieren permanecer en la calle antes que ingresar a esos refugios.

  La situación se agravó con recientes medidas del Gobierno nacional. A través del decreto 373/2025, publicado el 30 de mayo, el Ejecutivo transfirió a las provincias la responsabilidad sobre la Ley Nacional de Personas en Situación de Calle, lo que para el CELS representa un claro retroceso. «En lugar de fortalecer el acceso a servicios esenciales, el Gobierno optó por un modelo de subsidios a demanda provincial», explicaron.

  Además, se desmanteló la estructura institucional encargada de la atención directa y se eliminaron organismos clave. Entre ellos, el Fondo de Integración Sociourbana —que financiaba obras para la mejora de barrios populares— se encuentra amenazado de cierre. «Estamos en litigio para evitar su desfinanciamiento», confirmaron desde el CELS. En la Ciudad de Buenos Aires, en paralelo, el presupuesto del Instituto de la Vivienda sufrió un recorte del 28%, lo que impacta directamente sobre quienes esperan una solución habitacional.

  El aumento de personas en situación de calle debe entenderse en un contexto de retiro deliberado del Estado. No se trata únicamente de escasez de recursos, sino de una decisión política que desmonta las herramientas públicas que garantizaban mínimos de protección social. La criminalización de la pobreza y la expulsión de los espacios comunes avanzan sin ofrecer alternativas reales ni sostenidas.

  Las organizaciones exigen una respuesta urgente y advierten que estas muertes no son producto del clima ni del azar, sino de políticas que desatienden y excluyen. Sin vivienda, sin acceso a la salud, sin refugios adecuados ni asistencia permanente, las personas en situación de calle quedan expuestas a condiciones extremas y al abandono total.