Ahogo presupuestario

Responsabiliza a las deudas dejadas por Capitanich y Peppo.

El ministro de Economía acusó a las gestiones peronistas por la complicada situación presupuestaria y dijo que el Poder Ejecutivo priorizará gastos sensibles, como los relacionados con los servicios de salud.

El gobierno provincial comunicó hoy su imposibilidad de atender mejoras salariales para los empleados públicos en las actuales condiciones presupuestarias, y dijo que frente al complicado cuadro fiscal optará por darle prioridad a compromisos más sensibles, como la inversión en los servicios de salud y otras prestaciones esenciales.

«La situación económica no nos permite destinar más recursos que los que se tiene. Priorizamos áreas sensibles como la salud, como ser la compra de medicamentos oncológicos y para diabéticos, más otros insumos esenciales», dijo el ministro de Hacienda y Finanzas, Alejandro Abraam, acompañado del subsecretario coordinador Guillermo Agüero.

Los funcionarios responsabilizaron por las difíciles circunstancias a la «mega deuda» pública heredada de las gestiones Jorge Capitanich y Domingo Peppo. «Esa deuda heredada, producto de años de desmanejo, condiciona las posibilidades actuales de otorgar aumentos salariales. Hoy, la prioridad es cumplir con los compromisos financieros asumidos y garantizar la provisión de servicios básicos. Nos encontramos con una realidad muy compleja después de 16 años de despilfarro», señalaron.

A LA ESPERA DE LA REACTIVACIÓN

El equipo económico planteó que la posibilidad de una mejora en la situación fiscal está condicionada al crecimiento de la coparticipación y al repunte de la actividad económica. «Estamos rindiendo cuentas de cara a la ciudadanía, con total transparencia y responsabilidad, hablando con la verdad sobre el estado real de las finanzas chaqueñas. Estamos en el camino correcto del orden y administrando una provincia a la que no se la va a cambiar de la noche a la mañana», dijeron.

La decisión oficial tiene que ver con un escenario nacional de fuerte ajuste para resolver el cuadro crítico dejado por el gobierno de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa, que concluyó con una espiral inflacionaria al borde del descontrol total y un déficit fiscal descomunal, más una deuda emitida de niveles siderales.

La gestión de Javier Milei aplicó un ajuste durísimo para tratar de controlar las variables macroeconómicas. Uno de sus resultados fue el paulatino descenso de los índices inflacionarios, pero a la par de una caída abrupta de los ingresos de los asalariados y un enfriamiento notorio de la actividad económica.

Eso repercutió de una manera potente en el reparto de recursos que se coparticipan con las provincias, por lo que las gobernaciones se encontraron con gastos crecientes e ingresos en descenso en términos reales. En el caso específico del Chaco, la provincia tuvo que recurrir a anticipos de coparticipación librados por el gobierno nacional y otras herramientas para poder atender los gastos corrientes del Estado.

El anuncio de no otorgamiento de nuevas mejoras salariales seguramente abrirá un frente de conflicto con los gremios del sector público, en especial el sector docente, donde los sindicatos venían esperando el pago de la «cláusula gatillo», una fórmula que hace que los salarios reciban una recomposición periódica para reparar el deterioro ocasionado por la evolución de precios.

Esta suba de haberes de poco más del 6% para los maestros debía cancelarse con los pagos de julio que se acreditarán el viernes y el lunes, pero autoridades del equipo económico indicaron que en junio la provincia precisó de algo más de 198.000 millones de pesos para pagar haberes (un mes que incluyó la primera cuota del sueldo anual complementario) y que los envíos por coparticipación totalizaron 148.000 millones (la recaudación de tributos provinciales alcanza entre el 10 y el 12% del total de los fondos que dispone el Ejecutivo). A ello, hay que agregar que el Chaco recibe mes a mes el auxilio financieron de la Nación por cifras que van de 60.000 a 70.000 millones de pesos que los devuelve en el corto plazo con una tasa de interés.

Los gremios ya comenzaron a analizar el nuevo escenario, y en el caso de los sindicatos docentes no se descartan medidas que afecten el reinicio de clases tras el receso de invierno.