EL GOBIERNO DE MILEI ELIMINA LAS INDEMNIZACIONES, BANCOS DEBERÁN ABRIR CUENTAS PARA EL FONDO DE CESE LABORAL

Se oficializó a través de una comunicación del Banco Central, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

El Gobierno de Javier Milei formalizó la reglamentación para el Fondo de Cese Laboral, un régimen alternativo a la tradicional indemnización por despido. A través de una comunicación del Banco Central de la República Argentina, publicada el lunes 4 de agosto en el Boletín Oficial, se establecen las normativas para las cuentas especiales que gestionarán los aportes de este sistema. La medida se enmarca en lo previsto por el artículo 96 de la Ley 27.742 y el Decreto 847/24.

   La nueva normativa exige a los bancos comerciales de primer grado que habiliten cuentas específicas para administrar los aportes destinados a este fondo, que puede ser de carácter individual o colectivo, dependiendo de lo que disponga cada convenio colectivo de trabajo. Según el documento, se trata de un mecanismo que busca dar previsibilidad y una acumulación anticipada de fondos para el caso de desvinculación laboral.

   En la modalidad individual, se abrirá una cuenta a nombre de cada trabajador, mientras que en el fondo colectivo, el dinero será administrado por la entidad designada en el convenio. En ambos casos, solo se admitirán acreditaciones correspondientes a los aportes del empleador o, si se conviene, del propio trabajador.

   De acuerdo a la normativa, la implementación de este sistema también implica una serie de requisitos operativos para las entidades financieras. Los bancos deben optimizar sus procesos para abrir estas cuentas en el menor tiempo posible y están obligados a enviar a los titulares un resumen mensual por medios electrónicos, con el detalle de los movimientos y los saldos en pesos y en su equivalente en UVA. Además, los clientes podrán consultar la información a través de home banking o mobile banking.

   Por otro lado, en materia impositiva, los fondos que se abonen al trabajador como sustitutos de indemnizaciones recibirán el mismo tratamiento que las indemnizaciones tradicionales, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 847/2024. Además, el cambio al sistema de cese laboral puede aplicarse de manera retroactiva, siempre y cuando exista un acuerdo mutuo entre las partes. La norma abre la puerta a que se prevea un régimen especial en los convenios colectivos para estos casos.

Críticas

   Desde sectores sindicales se cuestiona que «se elimina un aspecto clave del derecho laboral y se abre otro negociado para la especulación financiera», en referencia a que la Comisión Nacional de Valores ya abrió consulta pública para definir el funcionamiento de los nuevos «Productos de Inversión Colectiva de Cese Laboral». 

   «Este sistema busca reducir los costos de las indemnizaciones para las empresas, pero se implementa en un contexto de recesión y retiro voluntario masivo que disfraza despidos, debilitando la capacidad de lucha sindical», señaló Alejandro Crespo, secretario general del Sindicato del Neumático (SUTNA).

   «Esto remite a experiencias previas como las AFJP: el Fondo de Cese Laboral implica la eliminación de una conquista histórica de los trabajadores y consolida un régimen laboral más precario, flexible y favorable al capital financiero», agregó Crespo.

   «Este nuevo esquema propone que las empresas realicen aportes mensuales sobre los salarios al fondo, cuyo porcentaje será negociado colectivamente. No hay garantía mínima del monto indemnizatorio, y se habilita que los trabajadores hagan aportes adicionales voluntarios, lo que significa que podrían terminar financiando su propio despido. El sistema abre un gran negocio para bancos y fondos financieros, que administrarán e invertirán esos recursos en los mercados de capitales, generando ganancias privadas a partir de derechos laborales», dijo Marcelo Ramal, economista y dirigente de Política Obrera.

   «Esta medida es un ataque directo a la estabilidad laboral, porque elimina la indemnización como derecho adquirido y herramienta de defensa obrera. Aunque en teoría no afectaría a trabajadores contratados antes de julio de 2024, se prevé que las patronales buscarán reemplazarlos para evitar los costos del régimen anterior», dijo Daniel Yofra, secretario general del sindicato de aceiteros.