Universidades en alerta

La tensión entre el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Gobierno nacional volvió a escalar.

En un comunicado difundido en las últimas horas, los rectores de las universidades públicas advirtieron que «seguimos sin soluciones reales para la crisis del sistema universitario», acusando al Ministerio de Capital Humano de «sumar confusión con información tergiversada y parcial» y de no ofrecer respuestas concretas frente al deterioro presupuestario y salarial.

   El disparador de esta nueva controversia fue el anuncio, por redes sociales y medios de comunicación, de un incremento salarial que —según el CIN— no representa ninguna novedad. Se trata, aseguran, de la misma propuesta unilateral presentada semanas atrás: aumentos de 1,3 % para junio, julio y agosto; 1,2 % para septiembre; y 1,1 % para octubre y noviembre, además de bonos complementarios. El Gobierno habla de un 7,5 % acumulado, pero los rectores insisten en que esas cifras no compensan la inflación y solo «consolidan la pérdida» que arrastran docentes y nodocentes.

   Las cifras que presenta el CIN son elocuentes: entre enero de 2024 y mayo de 2025, los salarios universitarios crecieron un 111 %, mientras que la inflación acumulada en el mismo período fue del 146,6 %. Si se incluye diciembre de 2023, la brecha es aún mayor. «Estamos muy lejos de la promesa oficial de empatar la inflación de 2025 y sin perspectivas de recomponer el deterioro del último año y medio», señalan.

Un presupuesto desfasado y obras paralizadas

   El comunicado también pone el foco en el financiamiento institucional. Los rectores recuerdan que los incrementos presupuestarios conseguidos en el último año y medio solo compensaron parcialmente el retraso, ya que el presupuesto base se calculó con valores de octubre de 2022. En términos reales, la inversión en universidades cayó 21,9 % en 2024 y se proyecta un retroceso adicional del 8,8 % en 2025.

  El panorama se agrava con más de 90 obras del Programa Nacional de Infraestructura Universitaria paralizadas, becas estudiantiles sin actualización, hospitales universitarios con financiamiento parcial y un sistema científico que —según el CIN— está en una «situación terminal» por el corte de casi todas sus líneas de financiamiento.

Reclamos y advertencias

   Ante este escenario, el CIN exige tres medidas centrales:

1. Aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario, que permitiría garantizar recursos sin comprometer las cuentas fiscales.

2. Aprobación de un presupuesto nacional para 2026, tras dos años de prórroga que, denuncian, habilita discrecionalidad en el manejo de fondos.

3. Reactivación de la paritaria nacional universitaria, para lograr acuerdos salariales razonables y consensuados.

   El mensaje de los rectores concluye con un llamado a la «responsabilidad» de las autoridades nacionales y a un compromiso «genuino y racional» para preservar un sistema universitario que, pese a sus dificultades, consideran un activo valioso para el país.

Un conflicto que se prolonga

   Este nuevo cruce se inscribe en un conflicto que lleva meses y que ya tuvo episodios de alto impacto, como las masivas marchas en defensa de la universidad pública y el reclamo constante de la comunidad académica y científica. Mientras el Gobierno insiste en que las mejoras presupuestarias y salariales están en marcha, el CIN sostiene que la brecha con la inflación y la falta de planificación a largo plazo están llevando al sistema a una situación «límite».