EL SUPREMO TRIBUNAL CONDENA A BOLSONARO Y MILITARES POR EL INTENTO DE GOLPE
Son mayoría los jueces que condenarán al expresidente y a siete de sus aliados militares por su participación en la intentona golpista del 8 de enero de 2023, cuando manifestantes bolsonaristas asaltaron las sedes de los tres poderes en Brasilia.
Con el voto de la ministra Cármen Lúcia, el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil se inclinó por considerar a Bolsonaro como cabecilla de la trama. Lo acompañan como condenados altos funcionarios y oficiales, acusados de coordinar y alentar el plan que buscaba impedir la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva. El único magistrado que votó en contra hasta el momento fue Luiz Fux, quien pidió anular el juicio por supuesta incompetencia del STF.
Los ocho acusados enfrentan cargos por cinco delitos: golpe de Estado, abolición del estado democrático de derecho, asociación criminal armada, daño calificado al patrimonio público y deterioro de bienes históricos. La pena aún debe definirse, pero la condición de liderazgo podría agravar las condenas.
Un juicio con impacto regional
El proceso contra Bolsonaro ha despertado enorme atención en América Latina. La intentona golpista de enero de 2023 fue la culminación de una campaña de la ultraderecha contra el sistema electoral, marcada por denuncias infundadas de fraude con las urnas electrónicas. Tras perder las elecciones, sectores bolsonaristas acamparon frente a cuarteles militares pidiendo una intervención. Finalmente, el asalto al Planalto, el Congreso y el Supremo Tribunal buscó forzar un quiebre institucional.
La Justicia electoral ya había inhabilitado a Bolsonaro hasta 2030 por difundir noticias falsas sobre el sistema de votación. Ahora, el STF debe decidir si lo envía a prisión. Un fallo de cuatro votos a uno sellaría la condena; un resultado de tres a dos abriría la puerta a apelaciones.
Argumentos enfrentados
El juez instructor Alexandre de Moraes presentó un alegato detallado con pruebas documentales, declaraciones de testigos, chats y videos que muestran la preparación del intento de golpe, incluyendo un plan denominado «Puñal verde-amarillo» que contemplaba incluso asesinatos políticos. Su colega Flávio Dino reforzó la acusación.
En disidencia, Fux consideró que no hubo un golpe consumado y que, por lo tanto, no puede configurarse el delito. También cuestionó que la Primera Sala del STF tenga competencia para juzgar a un expresidente. Su voto dio oxígeno a la defensa de Bolsonaro, que ya proyecta recurrir a instancias internacionales.
Un dilema jurídico y político
El caso reaviva el debate sobre el «fuero privilegiado» de altos funcionarios en Brasil y sobre si un expresidente debe ser juzgado por el STF. La corte modificó su jurisprudencia en marzo de 2025 para ampliar esa prerrogativa a exmandatarios, lo que habilitó este proceso. Sin embargo, la disidencia de Fux podría abrir la puerta a futuras nulidades.
La situación también remite a antecedentes regionales: en Argentina, la Constitución excluye de indultos y amnistías a quienes atenten contra la democracia. El dilema es si aplicar castigos ejemplares fortalece la institucionalidad o, en contextos de polarización, agudiza los conflictos.
Reacciones internas y externas
Las marchas del 7 de septiembre reflejaron la división social: el oficialismo desplegó una bandera verde-amarilla en defensa de la democracia, mientras que bolsonaristas pidieron amnistía portando una enorme bandera de Estados Unidos en San Pablo.
El expresidente norteamericano Donald Trump también intervino en la disputa: impuso un arancel adicional a exportaciones brasileñas, sancionó al juez De Moraes y amenazó con usar «medios económicos o militares» para defender a sus aliados. La injerencia acentúa el carácter geopolítico del juicio.
Lo que viene
De confirmarse la condena, Bolsonaro enfrentará una pena que podría excluirlo de la vida política. Para el STF, la resolución marcará un hito en la defensa del orden democrático. El desenlace, previsto para los próximos días, no solo definirá el futuro del exmandatario y de los militares involucrados, sino que también se proyecta como un caso testigo para la región en torno a la vigencia de la democracia frente al avance de las derechas radicales.
