UN CASO ESPERT AL CUADRADO: LORENA VILLAVERDE PASO DE ESCÁNDALO JUDICIAL A EPICENTRO DE LA CRISIS EN LA LIBERTAD AVANZA

El caso de la diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA) y candidata a senadora por Río Negro estalló como una bomba política. Narcotráfico, estafas y vínculos con personajes del hampa internacional pusieron en jaque su carrera y la credibilidad del partido de gobierno. 

En los últimos días, el diputado Facundo Manes presentó un proyecto de exclusión de Villaverde de la Cámara Baja y exigió su renuncia a la candidatura al Senado, señalando que «la narcopolítica no puede avanzar en la Argentina».

   El pedido de Manes se inscribe en una ola de repudio político y mediático tras la revelación de una serie de expedientes judiciales en EEUU y la Argentina que vinculan a Villaverde con causas por narcotráfico, lavado de dinero y estafas. La legisladora, presidenta de la Comisión de Energía y Combustibles, niega rotundamente las acusaciones y sostiene que es víctima de una campaña de desprestigio. Sin embargo, los documentos y testimonios disponibles dibujan un entramado que va mucho más allá de una simple operación política.

De Miami a la política argentina

   El inicio de la historia se remonta a finales de los años 90, cuando Villaverde se radicó en Miami junto a un ciudadano cubano, Roberto Grándal. En 2001 fue detenida por obstrucción a la Justicia, y al año siguiente volvió a ser arrestada en un operativo antidrogas en Sarasota, Florida. Según registros policiales, participó de una «entrega controlada» de cocaína en la que entregó u$s 17.000 en efectivo para adquirir un kilo de droga.

   Villaverde pasó tres meses detenida y fue hallada culpable, pero su condena fue anulada por una irregularidad procesal: un alguacil habría presionado al jurado para que la declarara culpable. El juicio fue declarado nulo, y aunque quedó en libertad, su nombre permaneció fichado y su entrada a EEUU quedó prohibida. Desde entonces, nunca volvió al país del norte.

   Años después, ya en la Argentina, Villaverde explicaría que no viajaba a EEUU por «motivos personales», ocultando que tenía vedado el ingreso por su antecedente judicial. Esa omisión sería apenas la primera de una larga lista.

Negocios turbios y quiebras millonarias

   En 2008, Villaverde contrajo matrimonio con Carlos Marcelo Bauzas, poderoso empresario portuario de Ramallo. Juntos fundaron Tank Arsa SA, compañía dedicada a operaciones fluviales. Pero el vínculo se quebró en 2010, cuando Bausas «descubrió» el pasado judicial de su esposa en EEUU. En la causa de divorcio, el empresario declaró haber sido «sorprendido al convivir con una prófuga de la justicia americana por tráfico y distribución de cocaína».

   Villaverde respondió acusando a su marido de chantaje y amenazas, aunque nunca logró desmentir la existencia del proceso penal en Florida. Antes de finalizar el divorcio, habría vaciado las cuentas de la empresa, emitiendo cheques por u$s 6,5 millones, parte de los cuales retiró en efectivo. Ese dinero fue destinado a montar un negocio de préstamos usurarios, lo que derivó en múltiples demandas por estafa.

   Su nombre también apareció vinculado al caso Hope Funds, el esquema piramidal de Enrique Blaksley, conocido como el «Madoff argentino». Testimonios dentro del expediente mencionan que una «señora Villaverde» invirtió allí u$s 2,5 millones.

Vínculos, parejas y un entramado de poder

   Tras separarse de Bauzas, Villaverde inició una relación con José Clemant, exasesor político y exconcejal de San Antonio Oeste. La ruptura derivó en acusaciones cruzadas: Clemant la señaló públicamente por lavado de dinero y la vinculó con un colombiano detenido por la DEA. En grabaciones difundidas, afirmó que podía «contar cómo entró el dinero al país y de dónde provenía».

   Su pareja más reciente, Claudio «Lechu» Cicarelli, está en el centro de las sospechas. Exprofesor de básquet y supuesto empresario minero, Cicarelli es primo y presunto testaferro de Fred Machado, piloto argentino extraditado a EEUU por narcotráfico. Varias de sus empresas —Gold and Sand, Petrosan y Ecofriendly SA— aparecen en causas por lavado y triangulación comercial. Una aeronave vendida por Ecofriendly fue hallada en Bolivia con más de 300 kilos de cocaína, un hecho que refuerza la conexión entre los círculos empresariales de Villaverde y el narcotráfico internacional.

La política como refugio

   En este contexto, el salto de Villaverde a la política aparece como un intento de legitimación y protección. Su desembarco en La Libertad Avanza de Javier Milei le permitió reconfigurar su imagen pública: de empresaria polémica a representante de la «nueva derecha». En poco tiempo se convirtió en referente provincial en Río Negro, presidenta de la Comisión de Energía y figura influyente dentro del partido.

   Pero su ascenso también estuvo rodeado de denuncias: afiliaciones fraudulentas, robo de boletas, amenazas a otros dirigentes y maniobras financieras con empresas de publicidad que habrían cobrado sobreprecios al Estado rionegrino. Entre las causas más resonantes figuran:

• Estafas por loteos en Las Grutas: venta de terrenos sin habilitación ni títulos, con múltiples damnificados.

• Rifa irregular del Club Las Grutas: prometió sortear un terreno fiscal que nunca entregó.

• Afiliaciones truchas: infló el padrón libertario con identidades falsas, incluso de personas fallecidas.

• Amenazas y extorsión: denunciada por una abogada que la acusó de presionar testigos y manipular causas judiciales.

• Ejecución fiscal de AFIP: investigaciones por evasión y deudas impositivas.

   Pese a la acumulación de denuncias, Villaverde logró conservar su banca y la protección que otorgan los fueros parlamentarios.

El escándalo mediático y las amenazas a periodistas

   La crisis se agudizó cuando el periodista Nicolás Wiñazki reveló en su programa de A24 los antecedentes judiciales de Villaverde en EEUU. La diputada reaccionó con furia y, según el propio periodista, lo amenazó por mensaje de texto. La situación provocó un repudio transversal en la dirigencia política y un pronunciamiento de solidaridad de Manes, quien advirtió: «No vamos a permitir que Argentina se convierta en un narcoestado».

   El episodio consolidó la percepción de que el caso Villaverde excede la esfera individual y plantea un problema estructural: la penetración del dinero del narcotráfico en la política. En ese sentido, la exigencia de su expulsión del Congreso —respaldada por legisladores de la oposición y parte del oficialismo— apunta a marcar un límite simbólico frente a lo que Manes llamó «la amenaza más fuerte al sistema democrático en América Latina».

Una trama que compromete a La Libertad Avanza

   El caso también golpea directamente a la estructura de La Libertad Avanza. Figuras como el senador Martín Lousteau y el diputado Juan Martín reclamaron que Villaverde sea apartada de toda candidatura y que se investiguen sus vínculos financieros. Lousteau incluso advirtió que existe «un patrón en el oficialismo» en torno a la connivencia con el narcotráfico, aludiendo a otros episodios que afectan a aliados del presidente Milei.

   Dentro del partido, el tema generó fisuras: mientras un sector libertario respalda a Villaverde y denuncia «una persecución judicial», otros referentes consideran que su continuidad representa un costo político insostenible. En Río Negro, varias agrupaciones que la apoyaban retiraron su aval público tras la difusión de los documentos estadounidenses.

El peso del pasado y un futuro incierto

   A día de hoy, Villaverde mantiene su banca amparada por los fueros, aunque enfrenta una creciente presión institucional. En la Cámara Baja ya circula el proyecto de exclusión presentado por Manes, que busca destituirla por «inhabilidad moral sobreviniente». Si el Congreso aprueba la medida, sería el primer caso en décadas de expulsión de una legisladora por causas vinculadas al narcotráfico.

   La diputada insiste en su inocencia y sostiene que todo forma parte de una «operación de inteligencia política» para desestabilizar a Milei y debilitar el bloque oficialista. Sin embargo, los registros judiciales, las declaraciones de sus exparejas y los antecedentes empresariales revelan un patrón persistente de irregularidades que trasciende cualquier teoría conspirativa.

   Más allá del desenlace judicial, el caso expone una cuestión más profunda: cómo personas con antecedentes graves, tanto en el país como en el extranjero, logran ocupar cargos de representación sin que existan controles eficaces sobre su pasado. El escándalo Villaverde se convierte así en un espejo incómodo para la dirigencia argentina, donde la frontera entre poder político y delito organizado parece cada vez más difusa.

Síntoma de un sistema enfermo

   El caso de Lorena Villaverde no es solo una historia individual de ambición y corrupción; es el reflejo de un sistema político vulnerable ante la infiltración del dinero sucio. Su carrera, construida sobre una combinación de impunidad judicial y oportunismo político, muestra cómo el narcotráfico y el poder económico encuentran canales para legitimarse a través de las instituciones democráticas.

   Mientras la Justicia y el Congreso evalúan su futuro, una pregunta resuena en el debate público: ¿cómo pudo llegar tan lejos alguien con semejante prontuario? La respuesta no depende solo de Villaverde, sino de una dirigencia que durante años toleró —y a veces amparó— los mecanismos de la narcopolítica.

   Su expulsión, si finalmente se concreta, podría marcar un punto de inflexión. Pero también dejará al descubierto una verdad incómoda: la de un Estado que, por omisión o complicidad, permitió que la sombra del narcotráfico se siente en el Congreso de la Nación.