Sistema eléctrico argentino

Nueva etapa en la energía con el fin de los subsidios y tarifas a costos reales afectarán a la economía de los hogares, la industria y el comercio, agrabando aun más la situación de miles de usuarios que ya no pueden pagar las facturas.

El gobierno formalizó la «normalización» del mercado eléctrico mayorista, que entrará en vigor el 1 de noviembre.

Después de más de veinte años de un esquema fuertemente intervenido, el gobierno nacional oficializó la «normalización» del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). La medida, establecida por la Resolución 400/2025 de la Secretaría de Energía, marca el fin de los precios administrados y de la intervención directa del Estado a través de Cammesa.

Desde el 1° de noviembre, las transacciones entre generadores, distribuidores y grandes usuarios pasarán a regirse por las reglas del mercado: oferta y demanda volverán a definir el valor de la electricidad, mientras el Estado limitará su papel al de regulador del sistema.

El nuevo esquema propone restablecer el principio de marginalismo -que los precios reflejen los costos reales de generación-, liberar la contratación entre empresas y reducir los subsidios que durante años cubrieron más de 60% del costo total de la energía. La medida, según el texto oficial, busca alcanzar «transparencia, competencia y sustentabilidad», aunque advierte que la transición será gradual y demandará al menos 24 meses.

FIN DE SUBSIDIOS E IMPACTO EN FACTURAS

Uno de los cambios más sensibles será el sinceramiento de los precios de la energía. Durante las últimas dos décadas, el Estado nacional fijó valores de referencia artificialmente bajos y cubrió la diferencia con subsidios generalizados. Ahora, esos montos comenzarán a trasladarse progresivamente a las facturas residenciales y comerciales.

Según estimaciones privadas, más de 60% del costo del sistema eléctrico aún se financia con subsidios. Con la nueva resolución, los usuarios empezarán a pagar tarifas más cercanas al costo real de generación, especialmente los segmentos de mayor ingreso. El desafío para las provincias -y en particular para distribuidoras como Secheep- será evitar un salto abrupto en las boletas, que podría generar morosidad y conflictos sociales.

La Secretaría de Energía anticipó que el proceso de ajuste será «ordenado y previsible», con mecanismos de segmentación que mantendrán algún nivel de asistencia para los hogares más vulnerables.

LA SITUACIÓN DE CAMMESA

El otro gran giro de la «normalización» del MEM es la redefinición del rol de Cammesa, que dejará de centralizar la compra de combustibles y los contratos de generación. A partir de ahora, cada generadora térmica deberá adquirir su propio insumo, y las distribuidoras podrán negociar directamente con los productores, incluso a través de contratos a término o acuerdos bilaterales.

Cammesa mantendrá funciones técnicas -como el despacho del sistema y la liquidación de transacciones-, pero su poder operativo se reducirá drásticamente. En la práctica, el mercado vuelve al modelo de los años noventa: libre competencia y mínima intervención estatal.

Para las empresas provinciales, este cambio implica un nuevo escenario de gestión comercial. Deberán negociar precios y condiciones directamente con los generadores, lo que exige capacidad técnica, previsión financiera y estabilidad regulatoria. La incertidumbre macroeconómica y el tipo de cambio serán factores claves para sostener la transición sin desbalances.