El proyecto de salvataje ya está en la Legislatura. Propone garantizar la continuidad del servicio y asegurar la movilidad ciudadana.

El bloque opositor de la Cámara de Diputados presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia del sistema de transporte público de pasajeros, en respuesta directa a la nota enviada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Seccional Chaco, en la que el sindicato advierte que el servicio atraviesa una crisis «grave» y reclama la intervención del Estado para encauzar un diálogo en el cual, según los trabajadores, el Poder Ejecutivo se «mantiene ausente».

La iniciativa emerge en un escenario de fuerte tensión en el transporte de pasajeros. Dos grupos empresarios, TCM y Ersa Urbano, junto a la empresa San Fernando, transitan procesos preventivos de crisis con acuerdos que vencen el 31 de noviembre. A partir de esa fecha se volverá a revisar la situación del sector y no se descartan despidos, lo que incrementa la incertidumbre entre trabajadores y usuarios.

En la nota dirigida al bloque radical, la UTA sostiene que el sistema afecta no sólo a los trabajadores sino también «a toda la sociedad, sobre todo a las personas de menos recursos», y solicita que la Legislatura avance en un «proyecto de ley elaborado por esta institución» que permita encontrar una solución de fondo a la crisis del transporte público. El gremio plantea la necesidad de un «estudio serio» con todos los actores sociales y reclama la elaboración de una verdadera política provincial de transporte.

EMERGENCIA

El proyecto de ley presentado por la oposición declara la emergencia del transporte urbano, interurbano y de corta y media distancia por doce meses, prorrogables por un año.

La norma propone garantizar la continuidad del servicio y asegurar el derecho a la movilidad mediante un esquema mixto de subsidios: el Estado provincial cubriría el 50 por ciento del costo operativo por pasaje y el restante sería abonado por el usuario final.

También prevé beneficios impositivos, acceso a líneas de crédito y flexibilización temporal de ciertas exigencias para las unidades, como permitir vehículos de hasta quince años de antigüedad bajo controles más estrictos.

El proyecto incorpora herramientas de control digital, como la creación del Registro Provincial de Usuario Frecuente, que permitirá auditar el uso de subsidios y establecer beneficios adicionales para pasajeros habituales.

Además, obliga a las empresas a mantener la totalidad de los puestos de trabajo durante la emergencia y crea dos comisiones provinciales: una de seguimiento del sistema y otra para evaluar el impacto económico del transporte en el Estado.

Fuente: Diario Norte