INTERES GENERALINTERNACIONALESNACIONALESPOLICIALES

«ESTAFA Y MAL DESEMPEÑO PRESIDENCIAL», SEÑALA EL INFORME FINAL DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA DEL CASO $LIBRA

Se determinó la responsabilidad política del Presidente de la Nación, Javier Milei, en la criptoestafa Libra. El Congreso de la Nación debe evaluar si se abre la puerta a un posible proceso de juicio político.

El informe final de la comisión investigadora parlamentaria es lapidario: la criptomoneda $Libra es señalada como el centro de una presunta estafa que provocó pérdidas millonarias a sus inversores. Las conclusiones del extenso documento no se detienen en la maniobra financiera, sino que apuntan directamente a la cima del poder político, implicando al presidente Javier Milei, en lo que la comisión califica como una «colaboración imprescindible» para la ejecución del engaño. La escala del daño se establece desde el inicio: un total de 114.410 billeteras virtuales resultaron afectadas, dibujando el mapa de un desastre financiero con profundas ramificaciones institucionales.

Anatomía de un engaño: cómo funcionó la maniobra $LIBRA

   Para comprender la gravedad de las acusaciones vertidas en el informe, es crucial desentrañar primero la mecánica de la presunta estafa. La investigación detalla cómo un activo digital fue presentado al público bajo una falsa apariencia de legitimidad, una legitimidad que, según la comisión, fue deliberadamente construida con la participación activa y promocional del propio Presidente de la Nación.

   Según el análisis técnico de la comisión, $LIBRA fue diseñada como una memecoin, un tipo de criptomoneda especulativa creada con el propósito específico de ejecutar un «tirón de alfombra» (rug pull). Este esquema consiste en inflar artificialmente el valor del activo para hacer ingresar inversores y luego abandonarlo, dejando a los inversores con tokens sin valor. 

   Este diseño, premeditado para el colapso, es la base de lo que la comisión califica como «ardid y engaño»: la promoción deliberada de un activo fraudulento como un «instrumento de inversión» legítimo, utilizando la máxima autoridad del Estado para generar una confianza que estaba destinada a ser traicionada.

   El impacto humano y financiero de esta maniobra se refleja en cifras contundentes:

• Total de afectados: 114.410 billeteras sufrieron pérdidas económicas.

• Grandes perdedores: 498 inversores perdieron más de u$s 100.000 cada uno.

• Pérdidas significativas: 3.144 tenedores perdieron montos que oscilan entre u$s 10.000 y u$s 100.000.

• Grandes ganadores: en un claro indicio del diseño asimétrico de la maniobra, solo 36 billeteras obtuvieron ganancias superiores al millón de dólares, un dato que la comisión resalta para evidenciar que el esquema no estaba diseñado para el beneficio de la mayoría.

   La promoción presidencial, sin embargo, no fue un simple error de juicio. El informe detalla que estuvo acompañada de acciones concretas que sugieren una implicación mucho más profunda y un conocimiento previo de la operación.

El rol del Presidente: colaboración «imprescindible»

   Esta sección del informe es estratégicamente central, ya que va más allá de la promoción imprudente para detallar acciones específicas del Presidente que, según los investigadores, refuerzan la hipótesis de un vínculo directo y preexistente con los creadores de $LIBRA. No se trataría de un respaldo ingenuo, sino de una participación consciente en la maniobra.

   El incidente clave que subraya la comisión es la publicación, por parte del Presidente, de un número de contrato de la criptomoneda que no era de acceso público. Hasta la fecha, el mandatario no ha ofrecido ninguna explicación sobre cómo obtuvo dicha información privilegiada. Para la comisión, este hecho no es menor; lo considera una prueba fundamental que «refuerza la hipótesis de un vínculo previo y directo» con los desarrolladores del token.

   Además, el informe contrasta las declaraciones públicas del Presidente con los datos oficiales recabados, exponiendo un esfuerzo por minimizar la escala del problema.

Afirmación presidencial verificada por la Comisión: «No más de 5 argentinos operaron $LIBRA»: la plataforma Ripio informó oficialmente de 1.329 ciudadanos argentinos solo en su exchange.

Minimización pública de la escala del problema:informes técnicos confirmaron que un total de 114.410 billeteras virtuales perdieron con $LIBRA.

   Estos hechos, concluye la comisión, no constituyen un caso aislado, sino que se enmarcan dentro de un patrón de conducta recurrente que ya había sido observado en otras maniobras financieras irregulares.

Patrón de conducta

   Para los investigadores, el caso $LIBRA no es un hecho aislado, sino la culminación de un modus operandi perfeccionado. El informe traza una línea directa hacia un antecedente clave: la criptomoneda $KIP, una maniobra que involucró a los mismos protagonistas y la misma estrategia de promoción presidencial.

   En el caso de la moneda digital $KIP, se utilizó nuevamente la imagen de Javier Milei para promocionarla. El informe documenta sus reuniones, fotografías e interacciones en redes sociales con el fundador del proyecto antes de su lanzamiento. Al igual que $LIBRA, $KIP también experimentó una caída abrupta en su precio, perjudicando a sus tenedores y estableciendo un claro paralelo entre ambas operaciones.

El informe identifica a tres actores clave cuyo patrón de conducta se repite en múltiples maniobras financieras investigadas por presuntas irregularidades ($KIP, CoinX, Vulcano): Javier Milei, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.

   Un factor agravante en ambos casos fue la ausencia total de supervisión estatal. Según las declaraciones del ex Jefe de Gabinete Francos, recogidas en el informe, existió una «falta total de control estatal» y la omisión de todos los protocolos de evaluación. Para la comisión, esta repetición «torna plausible la hipótesis de que existió una voluntad deliberada de evadir los controles institucionales». La comisión argumenta que un error de omisión de control puede ocurrir una vez; dos veces, con los mismos actores y un patrón idéntico, sugiere un diseño intencional para operar en las sombras, lejos de cualquier supervisión institucional.

   El análisis de la comisión, sin embargo, no se detuvo en el patrón de conducta. La investigación avanzó hasta encontrar evidencia financiera concreta que conecta directamente a los implicados.

Siguiendo el dinero: vínculos, transferencias y una jueza en Nueva York

   En la fase más técnica de su investigación, la comisión recurrió a la evidencia forense digital. Mediante el análisis de la blockchain y la obtención de informes de exchanges internacionales como Binance, Gate.io y OKX, los investigadores lograron confirmar los vínculos económicos y seguir el rastro del dinero entre los principales involucrados en la trama.

   La evidencia de las transferencias de fondos es presentada de manera concluyente:

• Conexión Terrones Godoy – Novelli: un informe de Gate.io detalla cómo Manuel Terrones Godoy recibió tokens $KIP, los convirtió a la criptomoneda estable USDT y posteriormente transfirió una parte de esos fondos a Mauricio Novelli.

Vínculos en $LIBRA: el análisis de la cadena de bloques y los informes de Binance, Gate.io y OKX confirmaron las transferencias cruzadas entre los principales involucrados: Hayden Davis, Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales.

• Coincidencias sospechosas: los flujos de fondos detectados coinciden en montos y fechas (US 300.000 en noviembre de 2024 y US 250.000 en enero de 2025) con lo que el informe denomina un presunto acuerdo para «monetizar la imagen presidencial».

   El punto más crítico de la evidencia financiera proviene de una corte estadounidense, donde una jueza, evaluando la titularidad de los fondos, emitió una conclusión que, si bien no es una condena, tiene un peso institucional enorme: los dueños de los fondos obtenidos con $LIBRA podrían ser Javier Milei y Karina Milei.

   Esta abrumadora evidencia financiera y judicial es la que fundamenta las duras conclusiones y el curso de acción que la comisión ha decidido tomar.

Consecuencias institucionales

   Ante lo que califica como una situación de «alta gravedad institucional y la malversación de la investidura presidencial», la comisión investigadora ha delineado un conjunto de responsabilidades y un curso de acción legal y político sin precedentes. Las conclusiones finales no dejan lugar a dudas sobre la valoración de los hechos.

   La principal conclusión política del informe es explícita: la comisión señala que Javier Milei y Karina Milei tienen responsabilidad política en la sucesión de hechos vinculados a la criptomoneda $LIBRA. En consecuencia, determina que el Congreso de la Nación debe evaluar si el Presidente incurrió en «mal desempeño en el ejercicio de sus funciones», abriendo la puerta a un posible proceso de juicio político.

   Para dar curso a sus hallazgos, la comisión ha resuelto tomar las siguientes acciones legales y administrativas:

1. Denuncias a funcionarios del Ejecutivo: la comisión resolvió denunciar penalmente a los funcionarios del Poder Ejecutivo que obstruyeron la investigación negándose sistemáticamente a colaborar, por posible incumplimiento de los deberes de funcionario público.

2. Denuncias a funcionarios del Poder Judicial: la comisión resolvió presentar denuncias ante los órganos competentes contra los funcionarios judiciales que también se negaron a colaborar con las tareas de la investigación.

3. Acción ante la Corte Suprema: la comisión resolvió interponer un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia contra la decisión judicial que le denegó el auxilio de la fuerza pública para citar a testimoniar a funcionarios del Ejecutivo.

4. Colaboración con la Justicia: la comisión resolvió remitir la totalidad de la información recabada al juzgado donde tramita la causa judicial de $LIBRA, con el fin de contribuir a la determinación de las responsabilidades penales del caso.

   Finalmente, la comisión elevó una serie de recomendaciones al pleno de la Cámara de Diputados para definir los pasos a seguir. Este informe marca el fin de una primera y crucial etapa de investigación, pero también el inicio de un proceso judicial y político de consecuencias impredecibles para el futuro institucional del país.