EL GOBIERNO REDEFINE EL ROL DEL INTI, DEJARÁ DE CONTROLAR SURTIDORES DE NAFTA, TERMÓMETROS ELECTRÓNICOS, MEDIDORES DE ALCOHOL EN SANGRE, MEDIDORES DE AGUA Y TAXÍMETROS
El Gobierno redefine el rol del INTI
El gobierno nacional formalizó, a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial el 30 de diciembre de 2025, la decisión de que el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) cese la prestación de servicios de certificación para una serie de instrumentos de medición clave.
Esta medida se inscribe en una política más amplia de desregulación y simplificación administrativa, pero ha generado un intenso debate sobre su verdadero alcance y sus potenciales consecuencias.
La justificación oficial se centra en la necesidad de «modernizar procesos, eliminar la superposición de funciones con el sector privado y permitir que el INTI se concentre en tareas de mayor valor científico».
Sin embargo, expertos y críticos expresaron serias preocupaciones, advirtiendo sobre el desmantelamiento de las capacidades técnicas del Estado, con graves repercusiones para la protección de los consumidores y la competitividad de la industria nacional.
Desregulación y transferencia de funciones
La Resolución 213/2025 del INTI materializa un cambio sustancial en la política de control metrológico del país. Su objetivo declarado es alinear las normativas con una política de «desburocratización y simplificación», buscando eliminar trabas administrativas y costos asociados al comercio.
Los considerandos de la resolución exponen los argumentos centrales del gobierno para justificar esta transferencia de funciones al sector privado, en la búsqueda de una «esburocratización»; en la existencia de «suficiencia en el sector privado», en la «Superposición de funciones», y en un «Nuevo enfoque para el INTI».
El alcance de la medida es significativo y afecta a instrumentos de uso cotidiano y de alta criticidad. Basado en los Anexos I y II de la resolución, el INTI dejará de realizar la aprobación de modelo y la verificación de una larga lista de equipos, entre los que destacan surtidores de nafta, termómetros clínicos electrónicos, medidores de concentración de alcohol en aire exhalado (etilómetros), medidores de agua potable fría y taxímetros.
Para comprender la verdadera magnitud de esta decisión, es crucial entender primero el rol invisible pero fundamental que cumple la metrología, la ciencia de las mediciones, en la estructura económica y social del país.
• Seguridad y salud pública: las mediciones precisas son críticas para la vida. Una dosis mal medida de un medicamento, una radiografía realizada con un equipo mal calibrado o una válvula de presión defectuosa en una refinería pueden tener consecuencias fatales. La metrología legal asegura que los instrumentos utilizados en áreas críticas como la salud y la seguridad industrial funcionen dentro de márgenes de error aceptables y seguros.
El INTI no solo cumple este rol por mandato legal, sino que ha construido un prestigio que lo convierte en el actor dominante del sector. Según los datos disponibles, el 95% de los ensayos de metrología son realizados por el instituto porque el propio sector privado lo elige por su escala, calidad y reconocimiento. A nivel internacional, su excelencia es reconocida por su integración en el Bureau Internacional de Pesas y Medidas, un estatus que solo 64 países poseen. Es precisamente este rol central el que alimenta las críticas y temores ante la nueva política gubernamental.
Riesgos de un vaciamiento sistémico
Esta medida se suma a acciones previas, como el incremento forzoso de aranceles del INTI entre un 250% y un 400% y el recorte de funciones en ensayos de cemento, acero y caucho, configurando lo que los críticos describen como un plan de vaciamiento sistemático. Mientras la resolución oficial argumenta que existe una «oferta suficiente» en el sector privado, los críticos señalan que esta visión ignora la singularidad del INTI, que realiza el 95% de los ensayos no por monopolio, sino por elección del propio mercado debido a su escala y confiabilidad inigualables.
Las principales consecuencias negativas señaladas por diversas fuentes se pueden sintetizar en los siguientes puntos:
• Impacto en el consumidor: la medida genera incertidumbre directa en transacciones cotidianas: desde dudar si la cantidad de combustible cargada en el surtidor es la correcta hasta cuestionar la pureza del mismo, como alertan los críticos. Se elimina un árbitro estatal que garantizaba la fiabilidad de balanzas comerciales, termómetros clínicos o medidores de servicios.
• Riesgos para la industria: la ausencia de un certificador estatal de referencia podría debilitar la infraestructura productiva del país. Para muchas empresas, especialmente las PyMEs, la certificación del INTI es una garantía de calidad y un requisito para competir tanto a nivel local como internacional. Su eliminación podría crear nuevas barreras técnicas al comercio.
• Consecuencias para el Instituto: el impacto interno en el INTI es cuantificable y severo. La cesación de estas funciones se suma a un recorte presupuestario proyectado del 47.8% en términos reales para 2026 respecto de 2023. Además, la eliminación de los ensayos de metrología (40% de la facturación) y las certificaciones (10%) le quitaría al instituto aproximadamente la mitad de sus ingresos propios. Este proceso, advierten, dejaría a unas 120 personas sin tareas específicas y desmantelaría capacidades técnicas estratégicas.
La medida, por lo tanto, pone en colisión dos visiones opuestas: una que aboga por un Estado mínimo y confía en la autorregulación del mercado, y otra que defiende el rol del Estado como garante de la calidad, la equidad y la seguridad técnica.
Futuro incierto para la confianza y la calidad
La decisión del gobierno de transferir las funciones de certificación metrológica del INTI al sector privado representa un punto de inflexión en la política industrial y de control de calidad en la Argentina. Enmarcada en un discurso de desregulación y eficiencia, la medida busca, según sus impulsores, agilizar la economía y eliminar redundancias entre el sector público y el privado.
Sin embargo, esta visión contrasta con la profunda preocupación expresada por quienes ven en el INTI un pilar fundamental de la confianza pública y la competitividad industrial. Para ellos, la resolución arriesga con erosionar un sistema de calidad y equidad construido durante décadas, que garantiza desde la justicia en una transacción comercial hasta la seguridad en un procedimiento médico.
El desafío principal del nuevo esquema será demostrar que puede replicar no solo la capacidad técnica, sino también la escala, la imparcialidad y, sobre todo, la confianza pública que el sello del INTI ha representado históricamente para la sociedad y la industria argentina. El resultado de esta apuesta definirá el futuro del control de calidad en el país y su impacto se sentirá tanto en los mercados internacionales como en la vida cotidiana de cada ciudadano.
