Claudia Sheinbaum quiere incluir en la Constitución una prohibición de privatización de la operación de los servicios de suministro de agua
El consumo de agua debe permanecer bajo el control público y no convertirse en un negocio administrado por empresas privadas. Esta es la propuesta que aboga el presidente de México,
La iniciativa busca evitar que las empresas privadas asuman la administración de la suministro de agua a la población, estableciendo protección constitucional para mantener estos servicios bajo la responsabilidad del poder público.
Actualmente, los estados y municipios mexicanos tienen atribuciones relacionadas con la provisión de estos servicios y pueden establecer contratos y concesiones con empresas privadas. Por lo tanto, Sheinbaum considera que un cambio en la Constitución sería necesario para crear una restricción válida en todo el país.
El presidente argumenta que el agua es un derecho fundamental y que su suministro debe priorizar las necesidades de la población, en lugar de estar principalmente dependiendo de los intereses comerciales de las empresas responsables de la operación.
Es importante destacar que la propuesta no tiene la intención de eliminar todas las concesiones relacionadas con el uso de agua. Los sectores agrícolas, industriales y otros tienen sus propias reglas para el uso de esta fuente. El anuncio del objetivo es específicamente para prevenir la privatización de la operación de los servicios de suministro de agua.
La discusión también incluye problemas enfrentados por diferentes regiones mexicanas, como dificultades de acceso, infraestructura insuficiente, desecho y conflictos relacionados con la administración de los recursos hídricos.
Por otro lado, la participación privada también se defiende por parte de aquellos que consideran que las empresas pueden contribuir con inversiones, tecnología y mejoras en la eficiencia de los servicios, siempre y cuando haya una adecuada supervisión.
La propuesta aún necesita pasar por el proceso de reforma constitucional para convertirse en una regla obligatoria. Por lo tanto, no representa una prohibición ya aprobada.
La iniciativa mexicana plantea una importante discusión para otros países, incluyendo Brasil: un servicio fundamental como el suministro de agua debería estar bajo la responsabilidad del poder público.
Actualmente, los estados y municipios mexicanos tienen atribuciones relacionadas con la provisión de estos servicios y pueden establecer contratos y concesiones con empresas privadas. Por lo tanto, Sheinbaum considera que un cambio en la Constitución sería necesario para crear una restricción válida en todo el país.
La iniciativa busca prevenir la privatización de la operación de los servicios de suministro de agua, y esto es fundamental, ya que su suministro debe estar bajo la responsabilidad del poder público.
¿Y tú, estás de acuerdo con la propuesta de evitar la privatización de la operación de servicios de agua potable?
