SALUD MENTAL NEGO HABER AVALADO EL OPERATIVO CONTRA GABRIELA CASA
Se caen argumentos de la Defensoría General y de la Policía del Chaco, el servicio del Hospital Perrando dejó en claro ante la justicia que no apoyó el brutal procedimiento en la vivienda de la mujer.
El lunes 7 de octubre, un descomunal operativo policial rompió el portón de acceso a la vivienda de una empleada judicial en el barrio Provincias Unidas, y tras violentar otras cuatro puertas se llevó contra su voluntad a Gabriela Casa, la víctima del operativo.
La excusa era que debía hacérsele una evaluación psiquiátrica a pedido de la Defensoría General del Poder Judicial, órgano en el que ella se desempeñaba y en el que había formulado una denuncia por acoso laboral.
El proceder, desmesurado por donde se lo mire, incluyó a una veintena de efectivos de la infantería policial y del grupo de choque Comando de Operaciones Especiales. Casa, aterrorizada por la violencia del operativo, fue sedada -también contra su voluntad- e internada en la sala de salud mental del Hospital Perrando, donde estuvo diez días antes de poder regresar a su hogar.
El episodio desató un escándalo y generó todo tipo de repudios, además de una investigación penal dirigida a saber quién ordenó capturar de ese modo a Casa, una mujer indefensa, de 42 años, que se había mostrado lúcida en los intercambios con los jefes policiales del operativo.
MÉDICOS NO APOYARON
Cuando la indignación general se desató, la defensora general, Alicia Alcalá, dijo que su oficio pidiendo la evaluación de Casa no incluía una definición sobre de qué manera debía hacerse, y dio a entender que fue la Policía la que determinó cómo llevarse a la agente judicial.
El jefe de Policía, Fernando Romero, dijo a su vez que eran los médicos de Salud Mental quienes hablaron de un “peligro inminente” por parte de Casa y recomendaron actuar de esa manera.
El lunes, en una audiencia conducida por el juez de familia Juan Pablo Lubary, se convocó a Casa y a partes intervinientes en el procedimiento convocada por el magistrado para realizar una evaluación de la legalidad de lo actuado.
El abogado José Alvis Wettstein, quien asiste a Casa, contó a NORTE que allí los médicos de Salud Mental dejaron en claro “que nunca solicitaron un procedimiento de la fuerza pública de esa magnitud, con la intervención hasta de fuerzas especiales como el COE. Se dejó asentado eso en actas”, refirió Wettstein. Algo que complicaría a la Policía y a la Defensoría General en relación con lo ocurrido.
