GLACIARES EN DISPUTA: EL CONGRESO ACELERA UN CAMBIO QUE DIVIDE AGUAS EN LA ARGENTINA

La reforma de la Ley de Glaciares volvió al centro de la escena política argentina y avanza en el Congreso en medio de un debate intenso, técnico y profundamente político.

 Al 27 de marzo de 2026, el proyecto —que ya cuenta con media sanción del Senado— atravesó una instancia clave en la Cámara de Diputados: las audiencias públicas realizadas los días 25 y 26 de marzo, donde especialistas, organizaciones y ciudadanos expusieron sus posiciones.

 La discusión no es menor. La ley vigente, sancionada en 2010, establece presupuestos mínimos para la protección de glaciares y del ambiente periglaciar, considerados reservas estratégicas de agua dulce. La reforma en tratamiento propone modificar ese esquema y redefine tanto el alcance de las áreas protegidas como los criterios para su preservación.

   El Senado aprobó el proyecto el 26 de febrero con una votación ajustada: 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención. Desde entonces, el texto avanzó con rapidez hacia Diputados, donde el oficialismo busca convertirlo en ley como parte de su agenda económica orientada a fomentar inversiones, especialmente en sectores como la minería y los hidrocarburos.

Uno de los puntos más controvertidos es el cambio en la distribución de competencias. La reforma otorga mayor poder a las provincias para definir qué zonas deben ser protegidas y cuáles pueden habilitarse para actividades productivas. Esto implica un corrimiento respecto del esquema actual, donde el Estado nacional fija criterios más uniformes de protección ambiental.

   A su vez, el proyecto introduce el concepto de «relevancia hídrica» como criterio central para determinar qué glaciares o ambientes periglaciares deben resguardarse. Para sus impulsores, este enfoque permite compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo económico. Para sus detractores, en cambio, abre una puerta riesgosa: la posibilidad de excluir áreas sensibles bajo definiciones discrecionales.

Durante las audiencias públicas, las críticas fueron contundentes y mayoritarias. Según el balance de la primera jornada, cerca del 88% de los expositores se manifestaron en contra de la reforma. Investigadores, ambientalistas y referentes sociales coincidieron en señalar que el proyecto debilita la protección de las reservas de agua en un contexto de creciente crisis climática.

    «Los glaciares son reservas estratégicas de agua y su protección no puede flexibilizarse», fue una de las ideas que se repitió a lo largo de las exposiciones. En Argentina, estos cuerpos de hielo no solo cumplen una función ambiental clave, sino que además alimentan decenas de cuencas hídricas de las que dependen millones de personas para el consumo, la producción agrícola y otras actividades.

Otro eje de cuestionamiento fue el propio proceso legislativo. Diversas organizaciones denunciaron que el tratamiento avanzó con una velocidad inusual y con instancias de participación limitadas frente a la magnitud del tema. También se cuestionó el formato de las audiencias, considerado restrictivo en relación con la cantidad de inscriptos que buscaban intervenir.

   En este contexto, voces como la de Marta Maffei —una de las impulsoras de la ley original— defendieron el espíritu de la normativa vigente, recordando que fue producto de un amplio consenso científico y social. Para este sector, la ley actual representa una barrera fundamental frente al avance de actividades extractivas en zonas de alta fragilidad ambiental.

Del otro lado, el oficialismo y sectores vinculados a la industria sostienen que la reforma es necesaria para destrabar proyectos productivos y atraer inversiones. Argumentan que el esquema actual resulta excesivamente restrictivo y que una mayor participación de las provincias permitiría una gestión más eficiente de los recursos naturales.

   Sin embargo, detrás del debate técnico emergen también tensiones más profundas. Organizaciones ambientales y especialistas advierten sobre posibles conflictos de interés y señalan el peso del lobby minero en la promoción de la reforma. Algunos incluso sostienen que el proyecto responde a iniciativas concretas vinculadas a grandes emprendimientos en zonas cordilleranas.

   A esto se suma una advertencia jurídica: distintos expertos anticipan que, de aprobarse, la ley podría ser objeto de múltiples demandas judiciales. Más de 80 constitucionalistas ya alertaron sobre posibles vulneraciones a principios establecidos en la Constitución, especialmente en lo relativo al derecho a un ambiente sano y al rol del Estado nacional en la fijación de presupuestos mínimos.

   Con las audiencias públicas ya concluidas, el proyecto quedó ahora a las puertas de su debate final en Diputados. El desenlace es incierto. El oficialismo necesita sostener los votos para avanzar, pero enfrenta un costo político creciente y un rechazo social significativo.

   En juego no está solo una ley, sino el modelo de desarrollo que el país busca para su futuro. La tensión entre explotación de recursos y protección ambiental, lejos de resolverse, parece profundizarse. Y en el centro de esa disputa, los glaciares —silenciosos guardianes del agua— se convierten en protagonistas de una decisión que impactará a generaciones.