La defensa de «Tito» López pidió la nulidad total del juicio y denunció violaciones al debido proceso
En la jornada de alegatos, el abogado Marcelino Leiva cuestionó la legalidad de la investigación, apuntó contra el accionar judicial y sostuvo que su defendido fue privado de ejercer su derecho de defensa desde el inicio
Este miércoles 6 de mayo, en el Tribunal Oral Federal de Resistencia, la defensa de Ramón «Tito» López expuso sus alegatos finales en el juicio por lavado de activos. El abogado Marcelino Leiva solicitó la nulidad total del proceso y denunció una serie de irregularidades que, según planteó, vulneraron garantías constitucionales básicas. La causa se encamina a sentencia tras el pedido previo de la fiscalía de penas de hasta 13 años de prisión.
En su exposición, Leiva afirmó que el proceso «ha venido plagado de irregularidades» durante los 21 meses en que sus defendidos permanecieron detenidos y sometidos a investigación. Sostuvo que se vulneraron principios centrales como el debido proceso, el derecho de defensa en juicio y la imparcialidad judicial, además de cuestionar la falta de control efectivo sobre la prueba y la asistencia técnica adecuada.
El defensor estructuró su planteo en torno a la aplicación de normas procesales. Explicó que, ante la coexistencia del Código Procesal Penal de la Nación y el Código Procesal Penal Federal, optó por basar su exposición en la ley más benigna, invocando el principio de ultractividad. En ese marco, definió las nulidades absolutas como aquellas que «violan las garantías constitucionales» y afectan los pilares del sistema jurídico.
Uno de los ejes de la defensa fue la presentación espontánea realizada por López el 28 de agosto de 2024. Según relató Leiva, su cliente se presentó ante el Juzgado de Instrucción N° 2 con el objetivo de aclarar los hechos e indicar pruebas. Sin embargo, indicó que el fiscal respondió que no existía un proceso abierto en su contra, lo que calificó como «una falacia», ya que el expediente en cuestión era el mismo.
Para el abogado, esa respuesta implicó una negación del derecho de defensa, al impedirle a López conocer los detalles de la causa y formular descargos. Además, cuestionó la actuación del juez interviniente, al señalar que ya había tenido participación previa en la investigación cuando se levantó el secreto financiero y bancario. A su criterio, ese antecedente evidencia que existía conocimiento sobre el proceso en curso.
Leiva también puso el foco en lo ocurrido días después de esa presentación. Recordó que el 11 de septiembre de ese año se ordenaron detenciones y múltiples medidas de investigación, como allanamientos y secuestros en distintos puntos de la provincia. Interpretó esa secuencia como una estrategia deliberada, al sostener que se aprovechó que López no contaba aún con un abogado defensor designado.
En ese sentido, calificó lo sucedido como «una artera violación al derecho de defensa» y una afectación directa al debido proceso legal. A lo largo de su alegato, insistió en que estas irregularidades justifican la nulidad absoluta del juicio.
El planteo de la defensa se da luego de que el fiscal general Federico Carniel solicitara penas de 13 años de prisión para López y su esposa, Librada Romero, mientras que para David Orlando López, Walter Ramón López y Daniel Orlando López, sus hijos, solicitó 12 años en cada caso, todos bajo la figura de lavado de activos agravado.
