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Conflicto en un call center de Fontana: Denuncian cerca de 100 despidos en Contactus y crece la incertidumbre laboral

Trabajadores comenzaron a recibir telegramas de despido mientras la empresa atribuye la decisión a la rescisión del contrato con Telecentro y a la falta de pago de subsidios provinciales.

La crisis que desde hace varios meses atraviesa el call center Contactus, ubicado en la ciudad de Fontana, sumó este martes un nuevo capítulo con el envío de telegramas de despido a una importante cantidad de trabajadores. Aunque hasta el momento no existe una cifra oficial, entre los empleados aseguran que las desvinculaciones alcanzarían a alrededor de 100 personas, entre operadores, supervisores y personal administrativo.

La situación se produce luego de semanas de creciente incertidumbre dentro de la empresa, donde los trabajadores venían denunciando una serie de medidas que anticipaban un escenario de ajuste.

Según relataron empleados, en las últimas semanas comenzaron a aplicarse suspensiones disciplinarias de hasta cinco días a operadores y supervisores, que calificaron como arbitrarias y sin fundamentos suficientes. Los trabajadores sostenían que esas sanciones buscaban acumular antecedentes para justificar futuros despidos con causa.

A ello se sumaron denuncias de supervisores, integrantes del área de calidad y personal de command, quienes aseguraron haber recibido llamados telefónicos desde el área de Recursos Humanos de Buenos Aires para ofrecerles la firma de una renuncia a cambio del pago equivalente a dos salarios. De acuerdo con los testimonios, quienes rechazaron esa propuesta fueron impedidos de continuar desempeñando sus tareas y obligados a retirarse del establecimiento.

Con el correr de los días comenzaron a circular versiones sobre una fuerte reducción de personal e incluso sobre una eventual quiebra de la firma, escenario que finalmente derivó en el envío de las notificaciones de despido.

La explicación de la empresa

En los telegramas remitidos este martes, Contactus sostiene que la decisión responde al «incumplimiento contractual» de su principal cliente, Telecentro S.A., situación que —afirma— le impide afrontar el pago de los salarios correspondientes a la dotación afectada a esa cuenta.

La empresa asegura que Telecentro rescindió de manera «unilateral, intempestiva, inconsulta e injustificada» el vínculo comercial, pese a que el servicio prestado «jamás fue objeto de observaciones o reclamos».

Además, sostiene que la empresa de telecomunicaciones dirigía de manera directa la operación, fijando protocolos, estándares de atención y mecanismos de supervisión, por lo que considera que existiría responsabilidad solidaria respecto de las obligaciones laborales derivadas de las desvinculaciones.

En la misma comunicación también señala que tomó conocimiento de una supuesta decisión de trasladar la operación a Perú para reducir costos laborales, extremo que atribuye a una estrategia de sustitución de mano de obra argentina por personal extranjero.

También apunta al Estado provincial

En el mismo documento, Contactus responsabiliza además al Estado provincial por el incumplimiento de un régimen de promoción que, según afirma, contemplaba subsidios para su radicación en Fontana.

De acuerdo con la empresa, esos aportes se encontrarían impagos desde hace más de un año, situación que, sumada a la pérdida del contrato con Telecentro, habría tornado inviable el sostenimiento de la estructura laboral.

Finalmente, la firma comunica que las desvinculaciones se realizan invocando la causal de «falta o disminución de trabajo no imputable al empleador», prevista en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, y pone a disposición la liquidación final e indemnización calculada bajo ese régimen.

Incertidumbre entre los trabajadores

Mientras tanto, entre los empleados crece la preocupación por el futuro laboral. Muchos sostienen que las señales de la crisis eran evidentes desde hacía varios meses y que las medidas adoptadas recientemente terminaron anticipando el desenlace.

Los trabajadores también cuestionan la modalidad con la que se desarrolló el proceso y advierten que analizarán los pasos a seguir para reclamar el pago de las indemnizaciones y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder tanto a la empresa como a los demás actores mencionados en los telegramas.