Cobertura médica: los afiliados a obras sociales y prepagas caen a su nivel más bajo
En una marcada crisis del sector, la cantidad de personas con cobertura cayó a la par de que las prepagas subieron cerca de 500% entre diciembre de 2023 y septiembre de 2026. Más de 1,2 millones de personas pasaron a depender exclusivamente del sistema público.
En medio de la caída de los salarios y del empleo privado, los asociados a obras sociales y prepagas cayeron en casi 970.000 entre el primer semestre de 2025 y el mismo período de 2026. Se trata del menor nivel de asociados desde el inicio de la serie en 2016. Más de 1,2 millones de personas pasaron a depender exclusivamente del sistema público.
El dato surge de la Encuesta Permanente de Hogares que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El 64,3% de la población tiene un prestador privado, mientras que el 35,5% depende exclusivamente del sistema público. A medida que se destruye el empleo privado, la cantidad de asociados al sistema de prepagas y obras sociales cae.
Extrapolado al total de la población, esto implica que 969.340 asociados a obras sociales o prepagas quedaron fuera de cobertura, mientras que unas 1.048.770 personas pasaron a depender exclusivamente del sistema público de salud en el último año.
En el período analizado, se perdieron más de 132.323 empleos privados registrados (-2,1%), además de otros 29.533 públicos (-0,9%). Si se toma el período desde el inicio del gobierno de Javier Milei, se destruyeron 253.049 puestos de trabajo privados (-4%) y otros 87.313 estatales (-2,5%). De allí que no solo el trabajador quede fuera de la cobertura de la obra social, sino que la pérdida también alcance al grupo familiar.
Asimismo, con la desregulación de los precios, los aranceles de las prepagas se dispararon. Las prestaciones subieron cerca de 499,7%, mientras que la inflación acumulada fue del 344% entre diciembre de 2023 y septiembre de 2026. El resultado es una reducción del universo de personas que cuenta con algún tipo de cobertura privada.
Inmovilización de bienes y cuentas
Las medidas requeridas también alcanzan el patrimonio de los investigados. La Fiscalía pidió la inhibición general de vender y gravar bienes de los 27 imputados y de varias empresas involucradas en las operaciones, así como la inmovilización preventiva de cuentas bancarias.
La causa investiga presuntas irregularidades en la concesión de préstamos a empresas vinculadas al grupo económico, por montos millonarios. Entre las operaciones señaladas figuran créditos a MOWI, Grupo Hendy y Grupo M, que en conjunto habrían recibido aproximadamente G. 743.784 millones.
La hipótesis fiscal apunta a que los préstamos habrían sido otorgados sin garantías suficientes y que parte de los fondos habría circulado entre empresas relacionadas. También se investiga la venta de una cartera de créditos a la firma Vinanzas, por USD 74,4 millones.
abc/Última Hora/Hoy
